En un entorno donde la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza son cada vez más valoradas, los fideicomisos de inversión en bienes raíces (FIBRAs) enfrentan una presión creciente por demostrar que están verdaderamente alineados con los intereses de todos sus inversionistas, especialmente los más pequeños.
Los llamados tenedores minoritarios de los minoritarios —aquellos que participan con montos reducidos pero significativos en conjunto— han sido históricamente los menos escuchados en las decisiones estratégicas de estos vehículos. Sin embargo, su protección es clave para asegurar la integridad, legitimidad y sostenibilidad del modelo fiduciario.
Recientemente, una resolución judicial marcó un antes y un después al establecer límites claros sobre el uso del patrimonio de un fideicomiso para garantizar obligaciones de terceros ajenos a la estructura. Este fallo evidenció prácticas que podían poner en riesgo los activos de los inversionistas sin ofrecerles beneficios directos ni respetar el propósito fiduciario para el cual fueron creados estos instrumentos.
La medida cautelar fue obtenida por un tenedor institucional con el respaldo de asesoría legal especializada, y protegió el uso de los activos, reafirmando un principio central: los recursos de una FIBRA deben servir al cumplimiento de su mandato fiduciario, no como herramientas al servicio de intereses externos.
Este tipo de decisiones representan un avance significativo hacia una gobernanza más equitativa y eficiente. Además, resalta dos necesidades urgentes:
Fortalecer los mecanismos de control interno y supervisión externa, para garantizar que las decisiones se tomen de forma transparente y con responsabilidad hacia todos los participantes del fideicomiso.
Reivindicar los derechos de los inversionistas minoritarios, asegurando que su voz no solo se escuche, sino que tenga peso en la operación y destino de los recursos.
En muchos casos, pese al crecimiento en activos y rendimientos reportados por diversas FIBRAs, los inversionistas no han recibido distribuciones, lo que subraya la necesidad de revisar el uso y la finalidad del patrimonio bajo administración fiduciaria.
Como destacó un reconocido analista del sector, este tipo de precedentes marca el inicio de una transformación en la forma en que se conciben y operan los fideicomisos inmobiliarios. Ya no pueden ser vistos únicamente como vehículos de concentración o control, sino como estructuras diseñadas para proteger y servir a quienes confían su inversión en ellos.
Proteger a los minoritarios no es solo una cuestión ética o legal: es una condición indispensable para la salud del mercado. Porque cada inversionista, sin importar el tamaño de su aportación, tiene derecho a una gestión transparente, justa y alineada con los fines del instrumento fiduciario.
Hacia un modelo más equilibrado en fideicomisos inmobiliarios, el papel clave del pequeño inversionista
En un entorno donde la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza son cada vez más valoradas, los fideicomisos de inversión en bienes raíces (FIBRAs) enfrentan una presión creciente por demostrar que están verdaderamente alineados con los intereses de todos sus inversionistas, especialmente los más pequeños.
Los llamados tenedores minoritarios de los minoritarios —aquellos que participan con montos reducidos pero significativos en conjunto— han sido históricamente los menos escuchados en las decisiones estratégicas de estos vehículos. Sin embargo, su protección es clave para asegurar la integridad, legitimidad y sostenibilidad del modelo fiduciario.
Recientemente, una resolución judicial marcó un antes y un después al establecer límites claros sobre el uso del patrimonio de un fideicomiso para garantizar obligaciones de terceros ajenos a la estructura. Este fallo evidenció prácticas que podían poner en riesgo los activos de los inversionistas sin ofrecerles beneficios directos ni respetar el propósito fiduciario para el cual fueron creados estos instrumentos.
La medida cautelar fue obtenida por un tenedor institucional con el respaldo de asesoría legal especializada, y protegió el uso de los activos, reafirmando un principio central: los recursos de una FIBRA deben servir al cumplimiento de su mandato fiduciario, no como herramientas al servicio de intereses externos.
Este tipo de decisiones representan un avance significativo hacia una gobernanza más equitativa y eficiente. Además, resalta dos necesidades urgentes:
En muchos casos, pese al crecimiento en activos y rendimientos reportados por diversas FIBRAs, los inversionistas no han recibido distribuciones, lo que subraya la necesidad de revisar el uso y la finalidad del patrimonio bajo administración fiduciaria.
Como destacó un reconocido analista del sector, este tipo de precedentes marca el inicio de una transformación en la forma en que se conciben y operan los fideicomisos inmobiliarios. Ya no pueden ser vistos únicamente como vehículos de concentración o control, sino como estructuras diseñadas para proteger y servir a quienes confían su inversión en ellos.
Proteger a los minoritarios no es solo una cuestión ética o legal: es una condición indispensable para la salud del mercado. Porque cada inversionista, sin importar el tamaño de su aportación, tiene derecho a una gestión transparente, justa y alineada con los fines del instrumento fiduciario.
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